En medio de la pelea entre el oficialismo y la oposición en el Congreso por quién se muestra más proactivo con los proyectos de lucha contra el narcotráfico, el sector más kirchnerista del Senado sorprendió con la presentación de una iniciativa que establece la realización de un examen antidoping obligatorio a los funcionarios de los tres poderes del Estado.
El proyecto -que de avanzar generaría un fuerte debate sobre su constitucionalidad- lleva la firma de Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, la dos senadoras más cercanas a Cristina Kirchner, de Oscar Parrilli, mano derecha de la Vicepresidenta, y José Mayans, jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado.
Di Tullio bautizó la iniciativa como “ley de Coherencia” en la lucha contra el narco: “La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia”, dijo la senadora según comunicó la bancada oficialista.
El texto, se informó, “establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria”. Cuando un funcionario de positivo, entrará en un “proceso de suspensión y/o licencias hasta su recuperación”.
El control y la realización del “antidoping” funcionarial quedaría en manos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros hoy a cargo de Agustín Rossi. Deberían someterse al proceso:
Poder Ejecutivo: Presidente, Vicepresidente, ministros y funcionarios hasta el rango de subsecretario de Estado.
Poder Legislativo: legisladores nacionales y funcionarios hasta el rango de prosecretarios.
Poder Judicial: Los magistrados en todos sus niveles y funcionarios hasta el grado de prosecretario administrativo.
El proyecto kirchnerista llega en un escenario particular y cargado de tensiones en el Congreso. Desde que, a principios de marzo, balearan el supermercado de la familia Roccuzzo en Rosario con una amenaza para Lionel Messi, el problema narco quedó en el centro de la agenda parlamentaria.
Casi por unanimidad, Diputados aprobó esta semana un proyecto para fortalecer a la Justicia de la provincia de Santa Fe, que da mayores recursos para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico, y que estaba cajoneado desde mayo del año pasado, pese a que contaba con la firma de legisladores santafecinos oficialistas y opositores.
En el Senado, con el Frente de Todos quebrado y ya si control del quorum, la oposición unida forzó una sesión el jueves pasado para poder tratar la designación de jueces en la provincia de Santa Fe, cuyos pliegos están frenados desde septiembre del año pasado.
La provincia tiene vacante el 32% de los cargos de la Justicia Federal. En medio de un escándalo, entre gritos y acusaciones cruzadas, la sesión se cayó y el diálogo quedó roto entre oficialismo y las bancadas opositoras.
Por otra parte, la Cámara Alta, donde a pesar de la fractura oficialista Cristina Kirchner mantiene el control de los resortes institucionales, no avanzó siquiera en el nombramiento de los integrantes de la comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.
Se trata del cuerpo que debería llevar adelante el proceso de implementación del sistema acusatorio en Santa Fe, algo que reclaman legisladores santafecinos de todos los espacios y que -coinciden- aceleraría y eficientizaría la lucha contra el crimen organizado. Diputados ya nombró a los integrantes de esa bicameral hace meses.
Fuente: TN
