El oficialismo convocó este martes al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja con el objetivo de tratar de lograr un dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus. Gracias a una serie de concesiones que les hizo a los gobernadores de Juntos por el Cambio, esto sería prácticamente un hecho.
Este lunes, los gobernadores se reunieron y le acercaron propuestas al ministro del Interior Guillermo Francos. Finalmente, el gobierno resolvió incorporar 6 puntos que se le reclamaban. No se logró destrabar la negociación por la suba de retenciones. El Gobierno insiste en mantener la suba por lo que la UCR y Hacemos Cambio Federal (el bloque de Pichetto) van a acompañar el dictamen de mayoría, pero votarán particular en contra del aumento de retenciones.
Los cambios a los que accedió el Gobierno
Cumplimiento Disposición CSJN CABA. Los mandatarios provinciales propusieron el cumplimiento estricto de la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en todos los casos donde la CSJN dirima cuestiones interjurisdiccionales. En el comunicado se detalla que cumplir con la indicación de la CSJN no representa un costo fiscal adicional para la Nación.
Blanqueo sin Asignación Específica (coparticipable). Los gobernadores pidieron modificar el segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley “Bases”, con el objetivo de eliminar de la asignación específica lo producido del Impuesto Especial de Regularización destinada a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En el texto se destaca que las provincias atraviesan una desafiante situación fiscal y financiera, que se agravará por el recorte en las transferencias federales de carácter no automático (estimado en 0.5% del PBI), el impacto de la suba del tipo de cambio sobre los servicios de intereses en moneda extranjera y la pérdida de recursos coparticipables derivada de la implementación de la Ley 27.725, que implicará una pérdida anual para las 24 jurisdicciones de $1.69 billones en base a las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Bloquear la eliminación del FFDP y del FFFIR. Los gobernadores solicitaron excluir del alcance del Artículo 4°inciso h) y del Artículo 6° inciso g) a los Fondos Fiduciarios creados mediante Ley N°24.855 y Decreto PEN N° 286/95.
En el comunicado se indica que el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social, tendientes a la integración nacional, el desarrollo regional, el intercambio comercial y la generación de empleo para los argentinos y las argentinas; mientras que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) asiste y financia programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera. Dada la relevancia que tienen como fuente de financiamiento para las provincias y CABA, magnificada en el contexto actual de dificultades para el acceso al financiamiento voluntario de los mercados de crédito, se solicitó que sean excluidas del alcance del Artículo 4°.
Determinación del Salario Mínimo Docente. Los mandatarios exigieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y con las entidades representativas de las instituciones de educación pública de gestión privada.
Al respecto, cada provincia y CABA acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los mandatarios propusieron la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y facultar al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de la misma. El traspaso se haría compensando las deudas de las provincias con el FGS y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Eliminación de la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Los gobernadores pidieron la eliminación del Artículo 182°, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.
El oficialismo, que es minoría tanto en el plenario de comisiones como en la Cámara en general, busca apoyo en un grupo de diputados que integran el PRO (37), UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23) e Innovación Federal (9), considerando que Unión por la Patria y la Izquierda ya tienen definido firmar un dictamen de rechazo y votar en contra del proyecto libertario.
En el caso del bloque PRO comandado por Cristian Ritondo trasmitieron voluntad de acompañar un dictamen oficialista, aunque en disidencia parcial, tras un encuentro en el que se analizó el proyecto con cambios de la Ley Ómnibus que el Gobierno envió al Congreso, con algo de bronca de algunos legisladores por modificaciones que no se incorporaron, como lo que refiere a la suba de retenciones, y la inclusión a última hora de nuevos artículos de manera “desprolija”.
La mayor incógnita está en qué harán la UCR, Hacemos Coalición Federal y los demás espacios, que están muy ligados a una quincena de gobernadores provinciales de distintos espacios políticos.
El jueves por la noche, el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvo un encuentro virtual con los gobernadores que fueron electos bajo el paraguas de Juntos por el Cambio: los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy); de PRO, Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), y de fuerzas locales como Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).
También estuvo en Buenos Aires en las últimas horas el mandatario peronista Martín Llaryora (Córdoba). El PJ disidente también está integrado en el bloque Hacemos Coalición Federal -que incluye además a la Coalición Cívica- y mantiene diálogo con los gobernadores de fuerzas provinciales cuyos legisladores forman el bloque Innovación Federal.
“La clave para acordar es una respuesta positiva a la propuesta que le acercaron nuevamente los gobernadores a Francos. Es condición ineludible para acompañar el dictamen de mayoría del gobierno. Tanto de la UCR como del Hacemos Cambio Federal”, señalaron cerca de uno de esos mandatarios, y lo mismo confirmaban en esos mismos bloques parlamentarios, que ahora esperaban una señal del oficialismo.
Esta mañana, Pullaro mantuvo un encuentro con el bloque de la UCR en la Cámara Baja. El entrerriano Frigerio, según pudo averiguar este medio, se encontró con Francos y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, personalmente también esta mañana en representación de los mandatarios provinciales opositores. El incremento de los derechos de exportación se instaló como el tema más problemático para cerrar la negociación por el paquete de reformas.
El lunes, el Ejecutivo aceptó dejar en 0% el pago de retenciones para un número importante de economías regionales, como exigían los bloques opositores -incluido el PRO-, pero mantuvo la suba del 31% al 33% para los subproductos de la soja (que pasa a pagar lo mismo que poroto sin procesar), del 15% para el trigo, maíz y bienes industriales.
Los mandatarios opositores plantean que, en lugar de subir retenciones, el Ejecutivo elija “eliminar cualquier gasto tributario de los más de treinta regímenes especiales y con exenciones impositivas que hoy tienen privilegios y representan un 4.5% del PBI”.
Los mandatarios provinciales siguen cuestionando otros puntos del megaproyecto como la intención del Ejecutivo de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o los cambios en el régimen de pesca.
En las bancadas opositoras, por otra parte, aunque reconocen que hubo avances respecto a la redacción original de la iniciativa, rechazan la posibilidad de que los ajustes jubilatorios recién comiencen a actualizarse en abril por inflación.
La UCR y HCF insistían también en la necesidad de reducir el tamaño del proyecto y eliminar o postergar capítulos o artículos que tienen que ver con reformas en Cultura, Ambiente, Salud y Educación que, señalan, podrían tratarse de forma particular más adelante.
A la espera de que existiera una respuesta de parte del Ejecutivo, en esos bloques “dialoguistas” seguían analizando si eventualmente decidían avanzar con un dictamen propio, diferente al del oficialismo, que incluya los cambios propuestos, o acompañar el dictamen oficialista en disidencia y después en el recinto rechazar cada punto en el que no estaban de acuerdo, considerando que La Libertad Avanza no tiene la mayoría para imponerlos.
Si efectivamente se diera el caso en el que una parte de la oposición avanza con un dictamen propio, lo más probable es que finalmente el dictamen de mayoría -lo primero que se trataría en una eventual sesión- sea el del kirchnerismo, que rechaza de plano el proyecto. Distinto sería el caso de que el PRO acompañe un dictamen con el resto de los bloques de la oposición, aunque parecía en las últimas horas difícil.
En medio de las negociaciones, este mismo martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió a los gobernadores, diputados y senadores que si el proyecto de Ley Ómnibus no es aprobado, “el ajuste va a ser mayor para todos” y se va a analizar seriamente “todas y cada una de las partidas que el gobierno nacional transfiere a las provincias, en todos los conceptos que se les pueda ocurrir”.
