Un grupo de senadoras del Frente de Todos presentó un polémico proyecto de ley en el que propone límites a las prisiones preventivas de acusados por delitos de corrupción.
La iniciativa, que pretende modificar el Código Procesal Penal, plantea una serie de supuestos para la anulación de la detención, entre ellos la difusión de investigaciones periodísticas contra el involucrado y la “inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.
El texto establece que “será declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva de personas” cuando “no se hubiera realizado control de convencionalidad de oficio a fin de constatar la pertinencia de esta bajo los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos”.
También incluye, para la suspensión de la medida judicial, la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
Otro de los supuestos son el “incumplimiento grave de plazos procesales” y la “deficiente implementación de las garantías procesales que regulan la intervención de un testigo protegido y/o de un arrepentido”.
Además, se pide que no haya prisión preventiva en caso de “direccionamiento en los sorteos de los jueces”. Y, la iniciativa va más allá, al pedir la anulación cuando la prisión se haya dado con “la intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo” o de “representantes de corporaciones profesionales” que mediante conductas o expresiones públicas afecten a “la independencia de los jueces o la autonomía del Ministerio Público Fiscal”.
El pedido de nulidad podrá ser planteado “por el interesado, el Ministerio Público Fiscal de oficio o por solicitud de cualquier tercero con interés legítimo, salvo oposición expresa del imputado”.
El artículo 4 del proyecto indica que una vez solicitada la nulidad el juez o tribunal de la causa deberá “remitir en forma inmediata y como máximo en un plazo 24 horas el expediente a otro juez de primera instancia competente en la misma jurisdicción, designado por sorteo, a los fines que proceda a declarar la nulidad de los actos procesales cuestionados, y debiendo ordenarse la inmediata libertad del imputado en caso de corresponder”.
“En caso de rechazo, el imputado o el solicitante en su caso podrá apelarlo por ante el órgano correspondiente. Se procederá conforme los plazos de la acción de habeas corpus”, se establece en caso que el pedido resulte rechazado.
En los argumentos de la iniciativa, que fue presentada el pasado 20 de diciembre pero se conoce recién ahora, las legisladoras argumentaron que “en los últimos años en Argentina hemos sido testigos de las manipulaciones de un sector del Poder Judicial y algunos operadores mediáticos, en relación con causas penales relevantes con el objetivo de obtener resultados políticos, lo que ha transformado a los respectivos procesos judiciales en auténticos linchamientos públicos”.
El proyecto es encabezado por la puntana Eugenia Catalfamo, y acompañado por la correntina Ana Almirón, la chubutense Nancy González, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y la santacruceña Ana María Ianni.
Fuente: Parlamentario
