Este martes, dos semanas después del comienzo del periodo de sesiones extraordinarias convocado por Javier Milei, Diputados comenzará a debatir en comisión el paquete de reformas conocido como Ley Ómnibus, que el Poder Ejecutivo, pese al escepticismo de la mayor parte de la oposición parlamentaria, espera tener sancionado antes de fin de mes. En un escenario cargado de tensión, esta semana, funcionarios nacionales expondrán ante los legisladores y defenderán el proyecto.
La oposición más “dialoguista” ya disecciona el proyecto entre lo acompañable, lo negociable y lo invotable, pero crecen las dudas sobre qué posibilidades de negociación habilitará el Gobierno. Mientras Milei sigue tensando la cuerda con el Congreso sin distinguir entre bloques, una parte del oficialismo advierte que solo aceptará “sugerencias” y otra acuerda modificaciones con los gobernadores. El peronismo K, por otro lado, se preparó para salir al fuerte al cruce y ya anticipa “escándalo” si el Ejecutivo fuerza un trámite exprés.
El paquete de reformas comienza a ser debatido este martes en un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, que están presididas por dos diputados de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y otro libertario que en la última elección formó parte de JxC, José Luis Espert. La conformación de las comisiones, la semana pasada, dejó un anticipo del nivel de tensión que se puede esperar en el debate desde este miércoles.
Según informaron en la Cámara Baja, en esta primera reunión expondrán el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Entre miércoles y jueves continuarían los ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Sandra Pettovello (Capital Humano), pero la lista no estaba anoche completa y podían sumarse más secretarios y ministros.
El viernes pasado, al formalizarse la convocatoria a la reunión, se anticipó que los diputados podrían enviar sus preguntas vía mail y que los funcionarios nacionales podrían participar de forma tanto presencial como “remota”. Había malestar en más de una bancada opositora, incluso entre los más dispuestos a acompañar, por algunas señales de “improvisación”: recién anoche se informó oficialmente quiénes participarían y el primero será el secretario de Energía, cuando muchos esperaban al menos una presentación general del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.
Las distintas bancadas parlamentarias vienen analizando hace diez días el texto de 350 páginas y 650 artículos más anexos. UxP -que tiene 102 diputados- y la Izquierda -por primera con 5 diputados- ya adelantaron su rechazo. El fin de semana, UxP emitió un extenso comunicado, reclamó la presencia de los nueve ministros y del jefe de Gabinete, de forma presencial, y especificó, uno por uno, qué tema del mega proyecto le sería consultado.
Fue una señal: el PJ-K -que viene realizando semanalmente reuniones con cada sector que se siente afectado por el proyecto de ley y por el mega DNU previo- pretende un nivel de discusión que, si se cumpliera, llevaría semanas, algo que el Gobierno descarta totalmente.
“Que nos pidan preguntas por mail o que se permita que expongan por Zoom, dan la pauta de que el Ejecutivo pretende un trámite exprés y no habilitar demasiado la discusión con los funcionarios. Las preguntas, con 650 artículos, podrían ser infinitas. Horas con cada funcionario. Y si buscan un debate exprés o limitan el intercambio, va a ser un escándalo desde el primer día”, avisaba un diputado del bloque.
La Libertad Avanza tiene un bloque de 38 diputados (que puede estirarse a 41 o 42 si se consideran otras bancadas pequeñas con diputados también alineados con el Gobierno). Considerando que eventualmente consiga un dictamen en comisión (sin certeza sobre los tiempos) necesitaría el acompañamiento de otros 90 diputados en el recinto.
Ley Ómnibus: bloques “dialoguistas” que necesita el Gobierno ya plantean modificaciones
Ese apoyo deberá buscarlo en la mayor parte de estos bloques: PRO (37), UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23 legisladores ex JxC ligados a gobernadores, Coalición Cívica, Socialismo y peronismo no K) e Innovación Federal (9 diputados de fuerzas provinciales de Misiones, Río Negro y Neuquén, hoy más reacios a acompañar el megaproyecto como llegó desde el Poder Ejecutivo). Eso, o seducir a una parte de los gobernadores del PJ y partir a UxP, que parece menos probable.
El PRO, que como informó este medio, está dividido entre bullrichismo -que, con su jefa política como parte del Ejecutivo, estaría dispuesto a acompañar casi como si fuera oficialismo- macrismo -donde anticipan respaldo, pero no “cheque en blanco”- y un sector más “moderado” -también dispuesto a apoyar, pero todavía con mayores límites. Este lunes hubo una nueva reunión de bloque.
La UCR también está fragmentada: tomado de forma esquemática, hay un sector alineado con los gobernadores radicales, más abierto (y obligado) a negociar con Nación y más flexible con las necesidades del Ejecutivo, y un sector en el que el rechazo al presidente libertario es mayor, que ya se venía expresando de esa manera desde antes del balotaje, entre los que se encuentra referentes como el presidente del partido Martín Lousteau o el diputado Facundo Manes. Ahora bien, más allá de las diferencias internas en la UCR respecto a los puntos del mega proyecto que podrían “acompañarse” y aquellos que podrían “mejorarse”, hay bastante consenso en los puntos en los que el rechazo es seguro:
La suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin un mínimo de aumento garantizado.
La privatización generalizada de empresas sin criterio.
La habilitación de endeudamiento en dólares sin límites ni control parlamentario.
La reforma electoral.
La suba de retenciones (algo que tampoco acompañaría el PRO, según se conversó en la reunión de bloque).
El proyecto establece “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, prorrogable por otros dos años a criterio del Gobierno, con delegación de facultades legislativas al Presidente.
Entre el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal había en la previa postura común sobre este punto: declarar la emergencia por dos años y habilitar al Ejecutivo a prorrogarla por otros dos sería lo mismo que habilitar a Milei a gobernar sus cuatro años de mandato sin el parlamento. Entre los diputados de las distintas bancadas y sobre todo en el PRO se hablaba la posibilidad de habilitar un año de emergencia, prorrogable por otro año pero por decisión del Congreso.
La incógnita que persiste: el margen de negociación
Si el tiempo que requerirá el debate es una incógnita, la otra gran incógnita es qué margen de negociación que habilitará el Gobierno. “Salvo el kirchnerismo, que se va a oponer a casi todo, el resto de los bloques, con modificaciones, sin duda van a apoyar. En el Congreso se discute y se conversa”, dijo este lunes Espert a la salida de una reunión en Casa Rosada.
Javier Milei viene culpando al Congreso, sin hacer demasiada distinción entre bloques y sectores, por la demora del tratamiento del mega proyecto y critica con dureza a la oposición -tanto K como dialoguista- que cuestiona el mega DNU. El fin de semana, volvió a hablar de “coimas”, “casta política” y “tongos” al referirse a los legisladores y, sobre la Ley Ómnibus, advirtió: “Nosotros no negociamos nada, pero sí aceptamos sugerencias para mejorar”.
“Sugerencias”: la misma palabra repitieron en las últimas horas el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la posibilidad de modificar el paquete de reformas. En paralelo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ya prometió varias modificaciones luego de encuentros con gobernadores provinciales.
En la oposición más “dialoguista” notan diferencias internas en el Poder Ejecutivo, entre un sector más abierto a negociar cambios y un ala más “purista”, pero sin claridad sobre cuánto hay allí de “estrategia”, cuanto de “interna” y hasta qué punto eso puede complicar las negociaciones en el Congreso. Pero, sobre todo, advierten algunos legisladores: “El problema, sin interlocutor, es a quién le hacemos esas ‘sugerencias”.
