El interbloque Cambiemos acompañará este jueves la ley de emergencia alimentaria en el marco de la sesión especial, aunque muestra cautela en torno a la redacción que se someterá a votación y espera que se conozca cuál será el impacto fiscal definitivo de la medida.
La sesión iniciará a las 11.30 y entre los distintos bloques hubo coincidencias en la necesidad de que sea una jornada “tranquila” y “ordenada”, que no se extienda más allá de seis horas. De hecho, los bloques que confluyen en el Frente de Todos acordaron que hablará solo un diputado por bancada, a fin de no prolongar demasiado el debate.
“Vamos a ir a la sesión, aunque creemos que es una sobreabundancia sancionar una ley, porque la emergencia alimentaria está vigente desde 2002”, anticipó a la prensa acreditada un diputado del oficialismo a cargo de las negociaciones, aunque aclaró: “No vamos a ir hacia ninguna locura que aumente incertidumbre”.
Dado que el pedido de sesión incluye una docena de proyectos de diferentes autores, en Cambiemos muestran cautela en torno al articulado final, y no descartan impulsar cambios en el recinto.
“Muchos de los dirigentes presentaron el proyecto pensando que no iba a haber sesión”, observó la fuente consultada, en alusión a la presión que ejercieron los movimientos sociales y sus voceros parlamentarios en pos de la sanción de la ley.
En el Frente de Todos negaron la versión de una supuesta interna que perjudique al candidato Alberto Fernández, que tiene grandes posibilidades de convertirse en el próximo presidente. “Pedimos que el Gobierno dicte un DNU, pero como no lo hizo, impulsamos la sesión y votaremos un proyecto unificado”, señaló un diputado del Frente para la Victoria-PJ.
Con la presencia de Cambiemos en el recinto, el quórum estará asegurado, por lo que luego habrá que votar con mayoría especial -dos tercios de los presentes- en dos oportunidades: primero, para habilitar el debate sobre tablas, y luego para constituir la Cámara en comisión, ya que el proyecto tiene impacto presupuestario.
Superadas ambas instancias, bastará mayoría simple -la mitad más uno de los votos- para aprobar la iniciativa, que de ese modo sería girada al Senado.
“Acompañaremos la ley porque no queremos que el Congreso quede afuera de lo que pasa en el país. Esta es una decisión de volver a abrir las puertas del Congreso y estar a la altura del momento que vive el país”, explicó ante parlamentario.com un encumbrado diputado de Cambiemos.
En tanto, un legislador de peso del Frente de Todos agregó que “sería una buena respuesta institucional que el proyecto salga aprobado por unanimidad”.
En las últimas horas, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dio a conocer un informe sobre el impacto fiscal que tendrá en 2019 el proyecto que cuenta con mayor adhesión en la oposición.
Ese texto dispone en su artículo cuarto “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Según los cálculos, si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados, el costo ascendería a 10.489 millones de pesos; en cambio, si el aumento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto, el costo ascendería a 4.061 millones de pesos.
Más allá de estas dos posibilidades, lo que tranquiliza a Cambiemos es que, según el artículo sexto del proyecto, este gasto será afrontado con reasignaciones presupuestarias, es decir que no se generaría un nuevo gasto. “Lo que tenemos en claro es que, cueste lo que cueste, no permitiremos que se afecte el Presupuesto actual y la meta fiscal del equilibrio”, indicó a este medio un integrante de la bancada.
El proyecto consensuado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional, que vence el 31 de diciembre este año.
También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
Fuente: Parlamentario
