La ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los catastros de aquellos vecinos de Ampliación Santa Ana, estafados en la compra de los mismos y que afrontan procesos judiciales ante un acreedor privado.
La normativa estipula que la expropiación es con el único fin para la adjudicación directa “a quienes acrediten fehacientemente ser ocupantes con derechos posesorios por un periodo no menor a 5 años”.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 2.616 para los adjudicatarios. También se prevé que los catastros comprendidos en la ley, queden exentos de pagar honorarios por lo que implica el proceso expropiatorio.
La iniciativa comprende 121 catastros que serán beneficiadas por la expropiación y es un reclamo que vecinos de la barriada vienen exigiendo desde 2018 con manifestaciones en la Legislatura Salteña.
También, las parcelas comprendidas no pueden ser vendidas por sus dueños según establece el artículo 3 del proyecto.
