Sergio “Topo” Ramos atraviesa un momento complicado con la Justicia. Ocurre que esta semana, después de varios ideas y vueltas, ingresó al Senado de Salta el pedido oficial de desafuero del legislador.
Por el momento no se tiene certezas si el pedido será tratado sobre tablas, o si primero será girado a la Comisión de Justicia.
Cabe recordar que el Juez de Garantías, Ignacio Colombo, presentó hace unas semanas un pedido de desafuero del senador provincial, Sergio “el topo” Ramos, por haberse negado seis veces a asistir a la audiencia de imputación en el marco de una causa que se investiga el presunto delito de peculado durante su gestión como intendente de Rosario de Lerma.
En la presentación, el juez detalla que la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odoriso, citó al senador para la imputación, como así también para tomar huellas dactilares y confeccionar el prontuario pero se negó aduciendo de manera reiterada y sostenida como única causal de incomparecencia “compromisos políticos” de “ineludible presencia”.
Además, precisa que desde el 24 de julio del año 2020 se viene citando interrumpidamente al “Topo” Ramos sin que el mismo comparezca a estar a derecho y alegando, a través de la defensa, causas completamente injustificadas y que la extracción forzosa de las fichas dactilares es una medida de coerción que, además, se deberá canalizar a través de la conducción del encausado por parte de la fuerza pública, medida que violenta la inmunidad de arresto que ostenta el encausado por su condición de Senador Provincial.
Es por ello, dice la notificación, en atención a lo dispuesto por los arts. 121 y 122 de la Constitución Provincial y 19, 20, 90 del CPP, debe solicitarse a la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta el desafuero de Sergio Omar Ramos.
La audiencia de imputación estaba prevista –inicialmente- para el 6 de abril del 2017 se decretó la citación a audiencia de imputación del Sr. Sergio Omar Ramos, a quién se lo investiga por la administración de casi medio millón de pesos que fueron aportados por la Provincia a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo, los que estaban específicamente destinados a la creación y puesta en funcionamiento de un Proyecto de Empresa Social cuyo fin era la construcción de casas prefabricadas,y que no fueron aplicados al destino establecido.
