El Gobierno trabaja en un proyecto de ley para desmantelar a las barrabravas y a los negocios ilegales que las rodean. La propuesta, actualmente en revisión en el área de Legal y Técnica de Presidencia, apunta a tratarlas como asociaciones ilícitas, con penas más duras tanto para sus integrantes como para los dirigentes que colaboren con ellos.
El eje principal del proyecto es la tipificación de las barrabravas como organizaciones criminales. Esto permite considerar sus actividades como delitos de asociación ilícita, aplicándoles penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo, entre otras actividades.
Los dirigentes de los clubes también estarán bajo la lupa: aquellos que entreguen entradas a las barras o mantengan connivencia podrán recibir sanciones de hasta seis años de prisión.
La iniciativa ataca también los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por trapitos en las inmediaciones de los estadios, otra práctica que será castigada penalmente. El enfoque general de la ley busca cortar las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones, que lucran mediante amenazas y extorsión.
Otra medida es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa: las autoridades podrán impedir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia firme. Un ejemplo de esta política se dio con Rafael Di Zeo y “Skeletor” Maciel, dos jerarcas de ”La 12″, la barra de Boca Juniors, que fueron imputados por tenencia de armas y se les aplicó una restricción de concurrencia por tiempo indeterminado. Si el imputado resulta condenado, además de cumplir su pena, se le prohibirá el acceso a los espectáculos deportivos de manera permanente.
El proyecto también responsabiliza a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con impedimentos legales. La medida busca cerrar cualquier brecha que permita a los barras operar con impunidad dentro de los estadios.
“Las barras usan el ir a la cancha a ver un partido de fútbol como medio o excusa para poder delinquir, utilizando la amenaza y la extorsión. La barra brava es un negocio y una organización criminal como cualquier otra. Hay que dejar al descubierto que no les interesa el deporte ni el fútbol, sino el beneficio que pueden sacar a través de eso”, señalaron a TN fuentes vinculadas al proyecto.
La noticia se produce dos meses después de que un audio atribuido a Di Zeo, histórico líder de la barra brava de Boca Juniors, causara controversia por las amenazas explícitas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En la grabación, Di Zeo advierte que está dispuesto a iniciar una “guerra” en respuesta a la aplicación del programa “Tribunas Seguras”, que busca regular y prevenir actos de violencia en los estadios de fútbol a través del derecho de admisión.
