Después de 18 años, la Cámara de Diputados volverá a sesionar en el mes de enero, esta vez para tratar dos proyectos de ley propulsados por el presidente Alberto Fernández: el que busca restituir la sostenibilidad de la deuda y el que refrenda el Consenso Fiscal firmado por el Estado Nacional y las provincias.
La sesión, que se da en el marco de la convocatoria a extraordinarias, comenzará al mediodía tras una reunión de Labor Parlamentaria, luego de que este martes obtuvieran dictamen favorable en comisiones las dos iniciativas del Poder Ejecutivo.
El oficialismo contará con apoyo de casi toda la oposición para aprobar ambos proyectos, de los cuales el Consenso Fiscal 2019 será convertido en ley, ya que fue aprobado en el Senado a fines de diciembre.
Se trata del acuerdo firmado por el presidente, los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno porteño, que suspende las limitaciones de las jurisdicciones para aumentar los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, así como Bienes Personales y Ganancias, entre otros.
S bien el Frente de Todos conseguiría aprobar el Consenso Fiscal sin problemas, la votación podría arrojar una división en Juntos por el Cambio, ya que Elisa Carrió expresó en las últimas horas su rechazo al texto, lo que anticipó el voto en contra de la Coalición Cívica.
La diputada, que renunciará a su banca en marzo, sostuvo que “la no disminución de los Ingresos Brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para Ganancias”.
Pero el plato fuerte de la jornada será el debate por la deuda externa, en el contexto de la negociación que lleva adelante el ministro de Economía, Martín Guzmán.
A última hora de este martes, Juntos por el Cambio confirmó su apoyo y selló un acuerdo con el Frente de Todos para aprobar este miércoles un proyecto de resolución donde se creará una “mesa de trabajo” para resolver en el corto plazo el tema de la sustentabilidad de la deuda de las provincias con la Nación en pesos.
Este tema fue objeto de intensas negociaciones a lo largo de la jornada, de las que tomaron parte el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner; y los gobernadores de Juntos por el Cambio Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Además, el oficialismo cuenta con apoyo de los interbloques liderados por Eduardo “Bali” Bucca (Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), que este martes aportaron firmas al dictamen favorable en las comisiones de Presupuesto y Finanzas.
El proyecto de la deuda
El proyecto del Ejecutivo declara “prioritaria para el interés de la República Argentina” la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa.
Para ello, en su artículo primero autoriza al Poder Ejecutivo a “efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera”.
A su vez, se establece que el Ejecutivo determinará los montos nominales.
También se habilita al Ministerio de Economía a “contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana exclusivamente respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen”.
Sin embargo, se aclara que esto no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
Además, se autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
