La Cámara de Diputados avanzó en la recuperación de los haberes previsionales por el cambio de la fórmula de la movilidad jubilatoria que dispuso, mediante el DNU 274/2024, el presidente Javier Milei. La recuperación asciende al 8,1% en sus ingresos, llevando la jubilación mínima a $285.000.
La votación que dio media sanción al proyecto se aprobó con 160 votos a favor, 72 en contra y ocho abstenciones. Ahora, pasará a la Cámara Alta donde los senadores deberán aprobar o devolver el proyecto con modificaciones a Diputados.
La decisión se tomó en una sesión especial solicitada por el radicalismo que preside Rodrigo de Loredo y el acompañamiento de los bloques de Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto; la Coalición Cívica, de Juan Manuel López; e Innovación Federal, que encabeza la salteña Pamela Calletti, además de Unión por la Patria, de Germán Martínez; se pidió otra sesión especial que incluye el aumento del presupuesto para las Universidades y la recuperación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
Con el quorum asegurado empezó el debate: los diferentes proyectos coincidieron en algunos puntos centrales, como la recuperación de lo perdido por los jubilados durante la fuerte inflación de enero. El dictamen aprobado señala que los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del índice de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En ningún caso, la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario. Adicionalmente, en marzo de cada año se aplicará un 50% de aumento en función de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor del año anterior.
Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicaría ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se haría con base en el último índice utilizado. De esta manera, también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero.
El radical Lisandro Nieri expresó: “Proponemos la recomposición del 8,1% de lo perdido por la inflación de enero. Es decir, que se contempla un mínimo vinculado a la canasta básica para el adulto mayor, y una recuperación en el mediano plazo a través del índice de los salarios, si hay un crecimiento en la economía. Eso podría hacer que en el largo plazo haya una recomposición real de las jubilaciones. Siempre nos propusimos algo factible, razonable y responsable”.
“La generación de inflación no será un garrote a futuro, no es una falsa promesa de una recomposición que luego tiene un daño. Siempre en nuestro criterio estuvo la responsabilidad del proyecto, eso hizo que lleguemos a la mejor propuesta posible dentro de lo razonable. Así, el costo es del 0,43% del PBI. Hay muchos privilegios y beneficios impositivos por los cuales podríamos mejorar un 2% la recaudación”, completó el radical.
Por su parte, Margarita Stolbizer expresó: “Un tercio de la reducción del gasto público en el primer trimestre ha sido el recorte real de las jubilaciones. Si, como amenaza, el presidente veta la fórmula de actualización que votaremos en la sesión ratifica la peor inequidad del sistema que consolidó el gobierno anterior, volverá a emular a Cristina Kirchner que vetó la ley del pago del 82% y evidencia que el ajuste no lo paga la casta sino los jubilados. Frente al único argumento del no hay plata se les cayó el discurso y la careta, porque compran aviones de combate, mantienen el régimen especial de Tierra del Fuego y pagan sobresueldos a los funcionarios mediante contrataciones irregulares e ilegales”.
Su par de bancada, Óscar Agost Carreño, sobre un hipotético veto presidencial le aclaró a TN: ”Está dentro de las facultades del presidente, pero creo que pagaría un alto costo político. Primero tiene que pasar el Senado y el presidente tiene que valorar, hacer números y ver si realmente no es mejor -más que complicar la vida a los jubilados-, seguir el ajuste para las grandes empresas y los amigos del poder. Los funcionarios le van a hacer ver a Milei que no conviene vetar una ley que le sirve para generar empatía con los jubilados”.
Una de las principales diferencias se relacionan con la instrucción a la Anses para la cancelación, por medio del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, de la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional; como así también con los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino que cuenten con sentencia firme, dentro de un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la ley, que podrá ser prorrogado por otros seis meses.
Eso generó diferencias en el recinto entre los diferentes bloques. Es que esas diferencias ya estaban plasmadas en los dictámenes. El acuerdo se alcanzó con instruir a la Anses para la cancelación de las deudas mediante los recursos tributarios (porcentajes de los impuestos al cheque, País e IVA) que tienen Asignaciones Específicas, una masa coparticipable que le corresponde a Anses.
De esa manera se garantizan los recursos para enfrentar el pago de las sentencias firmes de deudas previsionales. El diputado Ricardo López Murphy habló en el recinto y posteo en su cuenta X: ”La idea de que el Estado tiene bolsillo de payaso de gran profundidad que podemos sacar todos los días algo distinto, ha destruido a la Argentina“.
Ahora el debate pasa al Senado. Se podrían construir en la Cámara Alta las mismas mayorías. Quedará después la amenaza presidencial de vetar toda iniciativa que ponga en riesgo el equilibrio fiscal, el déficit cero.
