El ambicioso cronograma de debates de La Libertad Avanza en el Congreso se da en medio de las negociaciones con los denominados bloques dialoguistas, el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Esta semana, la necesidad de obtener resultados parlamentarios se vio atravesada por la fuerte pelea interna que incluyó la salida de Oscar Zago de la presidencia del bloque (y la creación de uno nuevo, el MID) y su reemplazo por el cordobés Gabriel Bornoroni, un empresario con fuerte respaldo político del titular de la Cámara Baja, Martín Menem y de la secretaria General de la presidencia, Karina Milei.
El nuevo borrador de la Ley de Bases, que se transformará en dictamen tras su tratamiento en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, contendrá un capítulo vinculado con la reforma laboral a propuesta de los bloques de la UCR.
El diputado Rodrigo de Loredo paso junto a sus colegas del centenario partido, entre ellos Soledad Carrizo, Alfredo Vallejos, Alejandro Cacace y los senadores Eduardo Vischi y Pablo Blanco, por Casa Rosada y cerraron su propuesta ante el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. “Creemos que la reforma laboral, entre todas las reformas, es la más importante que necesita el país. Que además se diseñó mal y está trunca (por lo dispuesto en el DNU 70/2023, cuestionado en ámbitos gremiales y judiciales), insistimos en que es la oportunidad en el tratamiento de la nueva Ley Bases que se incorpore el texto en la misma y salga la reforma laboral por ley”, señaló el jefe de la bancada radical en el interior de Balcarce 50.
Su propuesta lleva, entre otros puntos, una reducción de la carga fiscal sobre el empleo, la eliminación de las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad) para garantizar la libertad sindical, declarar la educación como servicio estratégico esencial, la reducción de la litigiosidad derogando artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual buscando disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización. Busca un mecanismo sustitutivo de indemnización, la protección contra el despido por discriminación por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología u opinión política. La creación de un registro laboral y extender a seis meses el periodo de prueba.
Mientras que la senadora del Pro, Carmen Álvarez Rivero, quien asumió la presidencia de la comisión de Trabajo del Senado, aseguró que “la reforma laboral es un tema en el que hay un amplio consenso, sin importar la bandera política. No existen objeciones en cuanto a que se debe promover el trabajo formal y tenemos que poner un fin a la industria del juicio”.
En el cambio de estrategia de los libertarios, por la necesidad de buscar consensos, adelantaron reuniones los ministros del Ejecutivo y la vicepresidenta Victoria Villarruel con diferentes senadores nacionales, también dentro de los sectores afines. El radical Vischi, el salteño Juan Carlos Romero, el cordobés Luis Juez y los oficialistas Bartolomé Abdalá y Ezequiel Atauche. “Hay puntos de encuentro, materias sobre las que coincidimos que debemos cambiar y otras en las que quizás no. Lo más importante es dialogar y poner lo mejor de cada parte para lograr que las cosas en común prevalezcan”, expreso el senador Vischi.
Según la estrategia del oficialismo la ley Ómnibus como el acuerdo Fiscal tendrían que llegar al Senado el mes próximo tras su tratamiento en Diputados. La senadora por Tucumán, de Unión por la Patria, Sandra Mendoza le dijo a TN, tras presentar su proyecto para declarar Héroe nacional al prócer de su provincia Bernabé Araoz, que “lo importante es lograr consensos con los gobernadores”, en relación con el proyecto de medidas fiscales. Se destacan la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que pasará a llamarse de los ingresos. El ministro de Interior Guillermo Francos en la semana adelantó que el mínimo no imponible para una persona soltera será de 1.800.000 pesos, mientras que para la persona casada el monto se elevará a 2.200.000 pesos. Habrá una moratoria fiscal y cambios en bienes personales.
DNU 70/2023
Los bloques de la oposición, a la cual el gobierno no convocó para consultarlos sobre los nuevos debates, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda continúan su marcha hacia la construcción de mayorías para rechazar, tal como lo hizo el Senado, el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, 70/2023 en la Cámara de Diputados. Para tal fin el bloque que encabeza el peronista Germán Martínez organizó el debate titulado “Análisis Constitucional del DNU 70/23″, con exposiciones amplias de juristas, académicos, especialistas y organizaciones de abogados. “Cuando el Poder Ejecutivo se quiere apropiar de las facultades que son del Congreso, la sanción es la nulidad absoluta e insanable”, dijo ante el auditorio el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Para fundamentar el rechazo al DNU, Martínez, en su cuenta de X, señaló que “desde distintas corrientes del derecho, hubo una amplia coincidencia en que el DNU no reúne los requisitos formales y sustanciales para su validez”.
Pero esos sectores de la oposición lograron sumar el rechazo de diputados que pertenecen a sectores dialoguistas como Margarita Stolbizer, los cordobeses Natalia de la Sota y Juan Brugge y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulòn, todos enrolados en Hacemos Coalición Federal. Desde la UCR también se escucharon voces criticas al decreto, participaron de la convocatoria los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Jorge Rizotti, Natalia Sarapura y Pedro Galimberti. A ellos habría que agregarle al formoseño exjuez Fernando Carbajal, al neurocirujano Facundo Manes y a los diputados que responden al senador Martín Lousteau, presidente de la UCR quien rechazó el DNU en la Cámara alta. Lo mismo hicieron los senadores de la provincia de Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal y podrían tomar la misma postura los dos diputados de ese sector, Sergio Acevedo y José Luis Garrido.
Para rechazar el DNU, se necesitan como mínimo 129 diputados sentados en el recinto y la convocatoria a sesión especial. Ese número todavía no lo garantiza el bloque de Unión por la Patria, pero aseguran “seguir construyendo mayorías”. Algunos ya plantean una fecha, para después de la convocatoria de Javier Milei a los gobernadores, el próximo 25 de mayo.
