Con esto se busca establecer mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimación y cualquier acto considerado como acoso entre miembros de la comunidad educativa pública y privada, además de garantizar la convivencia escolar pacífica.
Cabe remarcar, que la Argentina se encuentra entre los países con más casos de bullying y ciberbullying del mundo.
Los maltratos aumentan y las estadísticas muestran solo una parte, porque muchos niños sufren en silencio y no tienen la valentía de contar lo que están padeciendo. La Ley argentina de Protección Integral de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes establece que los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.
Guiado por el artículo 19 de la Convención, el Comité de los Derechos del Niño abordó, en su observación general núm. 13 (año 2011), que se debe prevenir el acoso psicológico y las humillaciones de adultos o de otros niños/as, en particular por medio del uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, y se señaló que los Estados deben instrumentar medidas educativas para hacer frente a las conductas que justifican dicha violencia.
El marco legal a nivel nacional e internacional muestra que el combate y la prevención del acoso escolar no solo es una responsabilidad que le cabe a las familias y a las escuelas solamente. Se necesitan políticas públicas permanentes y perdurables, con la intervención de distintos organismos del Estado, en todos sus niveles para hacer frente al fenómeno del bullying.
