Con la mirada puesta en la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, el blanqueo de capitales y el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el Senado encara una nueva semana con debates en el plenario de las tres comisiones encargadas de discutir los proyectos. Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales recibirán a invitados propuestos por los diferentes bloques, entre ellos a la CGT y a las dos CTA.
En los últimos días, el ministro de Interior, Guillermo Francos, en declaraciones periodísticas, admitió que el panorama para el oficialismo es que los proyectos serán modificados y regresarán a la Cámara de Diputados para que allí se acepten o rechacen los cambios de los representantes de las provincias. Trabajan para lograr, por lo menos, la aprobación en general.
Las diferencias en ganancias y el rechazo de los patagónicos
El proyecto de medidas fiscales que aprobó Diputados restituyó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, donde se establece una nueva base imponible de $1.800.000 para un soltero y de $2.300.000 para los casados. Los sancionó con la mayoría de 132 votos, pero con el rechazo de los diputados patagónicos.
La senadora por Río Negro, Mónica Silva, de la fuerza provincial del gobernador Alberto Weretilneck, adelantó su rechazo a la modificación: “Es un impuesto regresivo que directamente va a disminuir los salarios de los trabajadores. La situación de vida en la región del sur tiene grandes distancias, poca densidad de poblaciones y con elevado costo de vida, que hacen que esos sueldos alcancen solo para vivir y afectan a trabajadores de la actividad privada y en el Estado a docentes y personal de la salud”. Esto lo señaló en la última reunión de la Comisión de Presupuesto, ante la mirada del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y del titular de la comisión, el libertario Ezequiel Atauche. Una postura que podría ser compartida por la mayoría de los senadores patagónicos.
Para el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, los 18 senadores de la región “votarán en contra”. Habrá que ver finalmente qué sucede con estos legisladores en el recinto. La región patagónica incluye a las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Los grises del blanqueo de capitales que denuncia la oposición
Blanqueo de capitales es otro de los capítulos de la ley de Medidas Fiscales que es cuestionado por la oposición dialoguista. Unión por la Patria ya adelantó su rechazo. “Este es el paquete de blanqueo más generoso de la historia argentina. Se trata de un beneficio enorme para los que no pagan impuestos y una burla para el contribuyente. Los más ricos de la Argentina van a pagar menos”, dijo el senador radical Martín Lousteau. Lo acompañaron Guadalupe Tagliaferri y Juan Carlos Romero, uno de los legisladores encolumnados con los libertarios en discusiones pasadas, pero que en este proyecto se plantó. “Hecha la ley, hecha la trampa, pero en Argentina primero se hace la trampa y después se hace la ley”, graficó el Senador por Salta en la comisión.
La representante del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, en su cuenta de X posteó: “La Ley de Blanqueo propuesta por el Ejecutivo da lugar a que se puedan legitimar bienes de testaferros. Si realmente queremos erradicar la corrupción y la impunidad en la Argentina, este artículo (el artículo 35) del proyecto debe cambiar. Espero que el gobierno nacional escuche y se comprometa a avanzar hacia un marco regulatorio más justo y transparente”.
El Régimen de Regularización de Activos, que es el nombre oficial del capítulo que impulsa el Gobierno, aprobado con más de 130 votos en diputados y discutido fuertemente en el Senado, establece un periodo para que los sujetos residentes y no residentes obtengan ese beneficio. El tiempo que estipula termina el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio de ese año.
Además, el texto aprobado señala: “Quedando liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones”. Pero, tiene una excepción: “Quedan excluidos de poder ingresar al blanqueo funcionarios de los últimos cinco años de gestiones de gobierno. Presidente, vicepresidente, gobernadores, diputados, senadores, secretarios y subsecretarios de Estado”.
Martín Lousteau puso la lupa en los hermanos de los funcionarios o exfuncionarios, ya que el proyecto señala como imposibilitados a ingresar al blanqueo a los familiares, cónyuges, convivientes y a los ascendientes y descendientes de primer grado. “No pueden blanquear hermanos de funcionarios, contratistas del Estado y funcionarios de los últimos diez años, voy a pelear para que la tasa de ingreso al blanqueo sea más alta”, adelantó.
El RIGI, en el ojo de la tormenta
A diferencia de los anteriores, este es un capítulo dentro de la Ley Ómnibus. El ministro Francos se ha reunido y conversado a diario con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. También esta discusión en la Cámara Baja llevó a que los catamarqueños de Unión por la Patria votaran de manera diferenciada con el resto de sus “compañeros”, al mostrarse a favor del capítulo del RIGI.
El RIGI incluye un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, a los que el Estado nacional se compromete a mantener por 30 años, con la garantía de no afectación por normativas más gravosas. Son para proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares, argumentan desde la Casa Rosada.
El pampeano Daniel Bensusán (UxP) adelantó su rechazo a la ley Bases y se mostró preocupado con el RIGI “porque detrás de la idea de fomentar inversiones extranjeras, pone en riesgo la soberanía argentina sobre los recursos naturales. Parece que quieren que seamos un país proveedor de materia prima y que después compremos productos terminados de los mismos que explotarían esos recursos nuestros”.
Varios cuestionamientos al capítulo están planteados en relación con la injerencia y superposición de la legislación nacional ante posibles facultades, legislación y derechos ya existentes en las provincias.
