A través de la abogada Graciana Peñafort, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció a su antecesora Gabriela Michetti por los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles, a raíz de contratos millonarios por obras que se encuentran inconclusas.
Según se afirma en la presentación, la extitular del Senado habría pagado alrededor de 180 millones de pesos “a una empresa que no terminó las obras que estaban pautadas en una cuestionada licitación”.
“(Michetti) hizo pagos millonarios por obras que no tuvieron avances”, aseguraron en la denuncia radicada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
A través de un comunicado difundido desde el entorno de CFK, se señaló que la empresa a cargo de las obras “no era proveedora del Senado y nunca pidió la habilitación”. También, se indicó que durante la gestión anterior “se entregaron anticipos millonarios a través de documentos irregulares” y esos adelantos “no coinciden” con los avances de obra.
Además de Michetti, Peñafort denunció a Helio Rebot, entonces secretario administrativo; y German De Vincenzo, presidente de la empresa DINALE S.A..
En la presentación judicial, puntualmente se denuncia la “concentración irregular en manos de una empresa que no se encontraba inscripta dentro del registro de proveedores del Senado de la Nación” y el “posible sobreprecio de obra; ya que los precios determinados por la administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión no encuentran justificación fehaciente”.
La directora de Asuntos Jurídicos afirmó que “se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna. Dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada”.
“No se ha podido certificar que dichos anticipos -en todos los casos de un 5 y un 20% del monto total de la obra sin haberse siquiera dado comienzo efectivo a las tareas- hayan sido utilizados para los fines declarados”, agregó y remarcó que se pagaron certificados de obra “por tareas que no han sido ejecutadas”.
Peñafort detalló que el 20 de mayo de 2019 se adjudicó a DINALE S.A. la “readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios del HSN”, por un monto de $249.600.000, cuyo plazo de ejecución fue asignado en 9 meses, venciendo el 20 de febrero pasado.
“La empresa solicitó el anticipo financiero correspondiente al 5% del monto total, luego un anticipo financiero extraordinario del 30% -del cual se aprobó un 25% y se otorgó un 20%- y lleva presentados ocho certificados de obra, sumando todo ello un porcentaje total de 84% del total de la obra, de los cuales se abonó un monto total de $181.156.741, correspondiente a un 72,6% del monto de la licitación. La obra se encuentra incumplida y su plazo vencido”, apuntó.
Hace referencia también a otra obra, de “reestructuración de vías de escape, contra incendio, pleno de escalera y nuevo ascensor”, por la cual también se pagaron adelantos, pero a través de “un acto administrativo que no cuenta con fecha y cuya firma (de Michetti) siquiera contiene la aclaración correspondiente”.
Por este último caso, la abogada señaló que, en octubre de 2019, “la empresa presenta una propuesta de readecuación de la obra original, cuya consecuencia directa era la ampliación de los montos de contratación”.
“Se han pagado adelantos porcentualmente importantes respecto del monto total de la obra, y los primeros cuatro certificados de obra, siendo que, a la fecha, conforme los informes de obras incorporados al expediente, la obra se encuentra recién avanzada en un 12,17%”, indicó.
En la denuncia se argumentó además la irregularidad de que “a fecha y pese a los adelantos brindados, la empresa no presentó representante técnico habilitado ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tampoco gestionó en consecuencia los correspondientes permisos de obra, no se presentaron los planos aprobados por el organismo competente en la materia, ni se han colocado los carteles con los permisos correspondientes”.
Fuente: Parlamentario
