La reforma laboral en la que trabaja el radicalismo para que llegue al Congreso junto a la Ley Ómnibus incluye la creación de un fondo de cese de desempleo optativo por convenio y actividad al estilo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y el establecimiento de un período de prueba de seis meses.
Según pudo saber TN, no está definido todavía si propondrán eliminar las multas por trabajo mal registrado o si buscarán reducirlas. Lo mismo aplica para el blanqueo de contrataciones informales previas y la derogación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Lo que quedará afuera de la ley es la prohibición de los bloqueos en las empresas y la optatividad del pago de la cuota solidaria de los afiliados de los sindicatos, medida que afectaría su recaudación. Lo mismo aplica para la limitación al derecho a huelga con la declaración del servicio esencial del 50% de las áreas de salud, transporte y educación.
El proyecto lo está delineando el bloque de la UCR en Diputados, que acordó con el Gobierno sumar puntos de “consenso” de la reforma laboral del DNU 70/2023 que está frenada por la Justicia. Quedaron en que el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo, le envíe el proyecto al ministro del Interior, Guillermo Francos, esta semana.
El Ejecutivo les envió ayer a los gobernadores y jefes de bloque del PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) los detalles del borrador final de la Ley Ómnibus y del paquete fiscal. Esperan una devolución de esto para impulsar su tratamiento legislativo.
La Casa Rosada mandará solo el capítulo fiscal al Congreso y reflotará el contenido de Bases a través de la ley de 600 artículos que entró en enero para realizarle modificaciones en un plenario, de forma que se firme un dictamen con menos artículos. Quieren tratarlo en comisión el 17 de abril para llegar al recinto la semana del 24.
El Gobierno postergó la presentación completa de las modificaciones en el régimen del trabajo -tal como está en el DNU 70/2023- para acelerar la sanción de la ley Bases y bajar la tensión con los sindicatos respecto a la eliminación de la cuota solidaria.
Quieren dejar el tratado de todos los artículos de la reforma laboral para luego del Pacto de Mayo junto con varias modificaciones en el régimen previsional, como la baja de los jubilados que entraron en las últimas moratorias, la extensión de la edad jubilatoria de las mujeres y la implementación de un esquema similar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Un funcionario le expresó a TN que quieren aprobar “reformas urgentes” como la simplificación laboral para que “las PyMes no se fundan y pueda haber un rebote de la economía; es una parte chica de la reforma que queremos impulsar”.
El Gobierno especula con tener la Ley Bases sancionada a principios de mayo para llegar al pacto con algún proyecto sancionado por ambas cámaras. Es por eso que el ministro del Interior, Guillermo Francos, ya comenzó una agenda paralela de negociaciones y conteo de votos para el Senado.
Mientras que en la Casa Rosada sostienen que “no es la tarea de Villarruel” y respaldan al integrante del gabinete, la titular del Senado mantiene reuniones con los distintos bloques mientras espera los acuerdos con gobernadores que desarrollará el Ejecutivo.
En Balcarce 50 ya se mantuvieron reuniones con los 10 mandatarios de Juntos por el Cambio y hubo encuentros “uno a uno” con los patagónicos. No se descarta algún intercambio entre Francos y Martín Llaryora (Córdoba) en los próximos días.
