El Gobierno avanza con la ley “anticasta” y se prepara para enviarla al Congreso. Según pudo saber TN, la mesa técnica del Ejecutivo ya terminó el borrador del proyecto y lo está revisando el equipo del vicejefe de Gabinete, José “Cochi” Rolandi, para luego definir la fecha de envío a Diputados.
La línea que corre en el oficialismo es que primero se trate la Ley Ómnibus y el pacto fiscal y que luego el trabajo legislativo se vuelque hacia los puntos de la ley “anticasta”. En Balcarce 50 sostienen que esperan trabajar los puntos en comisión recién en mayo.
Incluye la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente junto con la prohibición de la presentación a elecciones nacionales de personas condenadas por corrupción en segunda instancia y la pérdida de beneficios de exfuncionarios con condenas firmes.
Propone además la penalización por ley al presidente, ministro de Economía, funcionarios del Banco Central, diputados y senadores que voten “aprobar un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria” con sanción similar a un delito de lesa humanidad.
Contiene también la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, de forma que tendrían que sustentarse con aportes voluntarios, e impulsa la reducción de los contratos de los asesores de diputados y senadores y la pérdida de privilegio para el estacionamiento. Este punto ya generó un choque en el oficialismo con las designaciones de los familiares de la senadora de La Libertad Avanza Vilma Bedia en el Senado.
Otro de los puntos de la ley “anticasta” que el Gobierno enviará al Congreso es la obligatoriedad de que los sindicatos elijan a sus autoridades a través de elecciones periódicas y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitaría sus mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección.
Plantea además que los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa primen sobre los convenios colectivos del sector y el descuento de la jornada de sueldo a los empleados que hagan paro. El Ejecutivo considera el primer punto como fundamental para “sanear” las empresas públicas y potenciar su privatización.
Javier Milei anunció el envío de la ley el primero de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso: “Para profundizar en nuestra misión de terminar con los privilegios de la política y sus amigos estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta”.
Según pudo saber TN, la idea es que no choque con el tratamiento de la Ley Ómnibus y las medidas fiscales que serán enviadas a mediados de abril. El Ejecutivo no quiere que se crucen las negociaciones por los distintos proyectos que impulsan y apuntan a separar los frentes abiertos que tienen con los legisladores y los gobernadores.
Es por eso que la idea en Balcarce 50 es que las reformas de Seguridad y de Defensa que anunciaron los ministros Paticia Bullrich y Luis Petri también corran por afuera de la definición actual que tiene el oficialismo con la oposición aliada sobre la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023.
Lo mismo aplica para el tratado de los pliegos del juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel José García-Mansilla en el Senado para llenar las vacantes de la Corte Suprema por el vacío que dejó Elena Highton de Nolasco en 2021 y por la jubilación de Juan Carlos Maqueda.
No quieren que las reformas queden trabadas en el Congreso si se cae la ley principal y buscan activar el resto de las comisiones para que trabajen de forma paralela a los proyectos centrales.
