Para avanzar con el análisis del Proyecto de Ley que propone la creación de un Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional del Senado recibió este miércoles a dirigentes de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM).
Buscan que el registro propuesto garantice derechos a los trabajadores, reglas claras para los empresarios y calidad para los tomadores del servicio.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, Javier Mónico y contó con la participación de los senadores, Mashur Lapad; Jorge Soto; Dani Nolasco; Walter Abán; Miguel Calabró; Leopoldo Salva; Walter Wayar y del secretario general de ASIMM, Carlos Cruz.
El proyecto llega con la aprobación de la Cámara de Diputados y establece la creación de un Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de cadetería, mandados, delivery y afines, en el cual deberán inscribirse las personas humanas o jurídicas responsables del mismo.
Al respecto, Cruz sostuvo que la creación del registro es fundamental dado el alto porcentaje de informalidad que existe en el sector, agravado por el elevado índice de siniestralidad, que deja a los trabajadores sin ningún tipo de cobertura social o de salud, ni de ingresos ante accidentes de tránsito.
Explicó que solo en la ciudad de Salta funcionan 47 empresas de mensajería, la mayoría sin registrar, a las que se suman las aplicaciones dedicadas al delivery, que son extranjeras, no tributan en el orden local y que, a su criterio, precarizan a los trabajadores.
También estimó que en Salta los cadetes y delivery son unos tres mil, de los cuales solo un 10% está en blanco y el 90% restante trabaja a destajo y en malas condiciones. “Es el único caso donde se debe pagar para poder trabajar, ya que semanalmente hay que abonar un canon que va entre los 2.500 y 3.000 pesos”, explicó Cruz, que aclaró que ese concepto se debe pagar, aunque no se haya podido ir a trabajar, ya sea por accidente o por enfermedad, existiendo además multas que aplican las agencias por incumplimiento de turnos.
Sostuvo además que las aplicaciones más conocidas tienen cada una entre 300 y 800 trabajadores, todos precarizados, mientras que desde el gremio se trabaja tanto en la faz laboral como en la calidad del servicio, habiendo elaborado con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) un protocolo de entrega de alimentos a domicilio durante la pandemia de Covid; un centro de capacitación para la obtención de requisitos como la libreta sanitaria o el certificado de manipulación de alimentos.
Consideró además que el registro no tan solo beneficia al trabajador sino también a los tomadores de servicio, ya que en los últimos tiempos proliferaron las denominadas “cocinas ciegas”, que elaboran alimentos en dudosas condiciones de higiene y que tienen repartidores trabajando en negro y sin ningún tipo de cobertura.
Sostuvo que durante la pandemia murieron 4 cadetes que trabajan para aplicaciones y nadie se hizo cargo, tampoco tienen ART y ninguna aseguradora quiere prestarles servicios por el alto riesgo que significa estar en la calle todo el día.
Por su parte, los senadores agradecieron el aporte y acordaron continuar el análisis del proyecto invitando a representantes de las agencias y a funcionarios de la Secretaría de Trabajo, con el fin de acordar una legislación que beneficie a los trabajadores, a los consumidores y establezca reglas claras para los empresarios.
