Es inminente la aprobación de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech en Estados Unidos. El inoculante ha mostrado una alta eficacia en sus estudios clínicos y este jueves un panel de expertos recomendó a la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, en sus siglas en inglés) que le otorgue la aprobación de emergencia.
Sin embargo, pese a las expectativas de comenzar con una campaña de inoculación masiva, un porcentaje no menor de la población del país norteamericano se ha mostrado reacio a inyectarse una vacuna desarrollada en tiempo récord. De hecho, una encuesta de The Associated Press mostró que el 47 por ciento de los adultos estaría dispuesto a hacerlo, un 27 por ciento no está seguro y un 26 no lo hará en ninguna circunstancia.
Otra encuesta realizada recientemente por el Centro de Investigación Pew indicó que cuatro de cada diez norteamericanos aseguraron que “definitivamente” o “probablemente” no se vacunarán.
Es cierto que esa estadística es menor a la reportada meses atrás. No obstante, los expertos han remarcado en reiteradas ocasiones que para lograr una inmunidad general en todo el país, se necesita que cerca del 70% de la población se vacune, o tenga anticuerpos naturales.
Frente a este escenario, que genera preocupación en las autoridades norteamericanas, los empleadores podrían jugar un papel clave. Es que, según explicaron expertos legales, éstos pueden despedir a los empleados que se rehusen a ser inmunizados.
Pese a la voluntad de cada individuo, los empleadores pueden no aceptar un “no” como respuesta. Rogge Dunn, abogado laborista de Dallas, aseguró a la cadena CNBC que esa alternativa está dentro de los derechos del empleador.
“Según la ley, un empleador puede obligar a un empleado a vacunarse, y si no lo hace, despedirlo”, explicó. Y agregó: “Un par de mis clientes corporativos se inclinan por hacer obligatoria la vacuna contra el covid-19”.
Sus clientes van desde empresas de manufactura hasta de alimentos y bebidas, industrias que se han visto muy golpeadas por la pandemia y los cierres ordenados por el gobierno. Muchos de ellos “piensan que les da una ventaja competitiva”. “Podrían decir a sus clientes: ‘nuestro restaurante es seguro, todos nuestros empleados han sido vacunados’”, explicó.
Pese a que el derecho los asiste, Dunn comentó que aconseja a sus clientes que esperen tres meses hasta que un número significativo de la población de Estados Unidos haya sido vacunada.
Mientras tanto, indicó, algunos de los negocios que el abogado representa están considerando incentivos laborales para que sus empleados se vacunen. Por ejemplo, en este momento un restaurante y una empresa del sector manufacturero -representados por Dunn- están evaluando otorgar un bono en efectivo a los empleados que se inoculen.
Dorit Reiss, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Hastings, añadió que esas personas, luego de aplicarse la vacuna, también podrían evitar someterse a las estrictas medidas de control sanitario en sus ámbitos laborales.
En sintonía con lo expuesto por Dunn, Reiss dijo que las empresas privadas tienen derechos bastante amplios: “Exigir una vacuna es una regla de salud y seguridad en el trabajo, y los empleadores pueden hacerlo”.
La doctora Hana El Sahly, que supervisa un ensayo clínico para la vacuna de la compañía Moderna, cree que los hospitales podrían hacer de la inoculación de covid-19 una condición de empleo, así como ocurre con la vacuna anual contra la influenza que es exigida a todo el personal sanitario. “Todos tenemos que demostrar que nos hemos vacunado contra la gripe antes de ver a nuestros pacientes”.
Sin embargo, hay ciertas excepciones que podrían poner freno a este requisito. Tal es el caso, por ejemplo, de empleados representados por sindicatos. Ante esa situación, el convenio colectivo puede exigir que se negocie con el sindicato antes de exigir una vacuna.
Según detalla la cadena norteamericana, las leyes contra la discriminación también ofrecen algunas protecciones. En el marco de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, los trabajadores que no deseen vacunarse por cuestiones médicas pueden solicitar una exención.
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Derechos Civiles de 1964, si el uso de la vacuna representa una violación de una creencia religiosa “sincera”, las personas en cuestión también podrían optar por la exención.
Otra cuestión de importancia a tener en cuenta es que si un empleador decide exigir a sus empleados la vacuna contra el coronavirus, la compañía no es responsable si alguno de sus empleados desarrolla efectos secundarios. Los expertos sostienen que los reclamos serían canalizados a través de los programas de compensación laboral y tratados como una lesión laboral.
Con el voto a favor del panel de expertos de este jueves, la aprobación de la FDA podría llegar en cualquier momento. Así, Estados Unidos se convertiría en el cuarto país en aprobar la vacuna de Pfizer y BioNTech, tras las del Reino Unido, Canadá y Bahréin. El gobierno británico ya comenzó a vacunar a su población.
El Gobierno de Donald Trump ultimó este jueves los preparativos para su distribución, ya que planea entregar por todo el país 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de la aprobación de emergencia; 21 días después se entregará una segunda tanda.
El personal sanitario, de emergencias, así como las residencias de ancianos, serán los primeros en recibir las primeras dosis para progresivamente ampliar a la población general la campaña de vacunación. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, en inglés) estiman que hay unas 21 millones de personas que trabajan como personal médico y unos 100 millones de adultos con antecedentes médicos de alto riesgo.
Fuente: Infobae
