La mandataria juró como primera presidenta mujer en la historia de Perú, en una sesión convocada de urgencia por el Congreso, que horas antes había aprobado la destitución del mandatario Pedro Castillo.
Durante la mañana, Castillo había disuelto el Congreso y dijo que gobernaría por decreto, lo que fue considerado como un "auto golpe de Estado" por dirigentes de varias extracciones políticas, quienes se reunieron de inmediato en sesión especial en el Parlamento y aprobaron la vacancia del mandatario.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, convocó para votar una moción de destitución de Castillo por "incapacidad moral permanente", una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.
La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un "golpe de Estado" por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.