El enfrentamiento entre el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta y la Municipalidad sigue tomando forma. Ayer, concejales modificaron la ordenanza 10.371 que establecía el monto de multa que deben pagar los funcionarios municipales que no respondan pedidos de informes.
La modificación que introdujeron los ediles eleva la multa a más de 7 mil pesos.
La decisión se tomó luego que sean reiterados los pedidos de informes que quedaron en la nada. Al respecto, la concejal que fue autora del proyecto, aseguró que “hay un desinterés total” por parte de los funcionarios en dar respuesta a cada una de las consultas que les realizan.
